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Corrupción, indolencia e ineficiencia, sellos de la Fiscalía de Justicia

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Evidencia legisladores rezagos e impunidad en atención de casos

TRANSPARENCIA



Corrupción, indolencia e ineficiencia, sellos de la Fiscalía de Justicia



Diputadas y diputados de la LX Leguislatura Local, reclamaron al Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, la prevalencia de una institución marcada por la indolencia y la corrupción generalizada en sus diversas áreas, pero sobre todo en su red de Ministerios Públicos, donde operan tarifas extralegales para levantar una denuncia, emitir un citatorio o incluso para “recuperar un cadáver”.




Durante la comparecencia del Fiscal General de Justicia del Estado de México (PVEM), ante el pleno de la Legislatura Local, como parte de la Glosa del Primer Informe, la legisladora del PVEM, María Luisa Mendoza Mondragón, destacó la existencia de estas tarifas, que enmarcan la red de corrupción que prevalece al interior de los Ministerios Públicos, mientras que Karina Labastida, de Morena, destacó que la deficiencia institucional, prevalece pese a que aumento del 26% en su presupuesto.

“En el Estado de México, delinquir es un negocio, redituable, porque implica poco riesgo y mucha ganancia. El crimen no tiene castigo”, señaló la legisladora morenista, quien lanzó uno de los más fuertes diagnósticos de la FGJEM, mientras que los feminicidios y desaparición forzadas de mujeres, fue el tema recurrente de la sesión, en la que los legisladores unieron voces para reclamar la ineficacia e indolencia de las autoridades para investigar y resolver estos crímenes.

La legisladora informó que existen al menos 14 Recomendaciones emitidas por organismos garantes de Derechos Humanos sin cumplir, algunas de las cuales tienen que ver con métodos “tradicionales” de investigación que prevalecen al interior de la Fiscalía General de Justica, como indebidas diligencias relacionadas con detenciones arbitrarias, torturas y extracción forzada o violenta de declaraciones.

Por su parte el diputado del PRD, Omar Ortega, reconoció la postura inicial del fiscal al llegar al pleno y reconocer que “no se puede tapar el sol con un dedo” y que se tiene “un claro problema de incidencia del estado”, sin embargo, consideró que no basta esta postura.

Dijo que la situación de la administración de justicia en Edomex es lamentable y en relación al caso relacionado con la detención de asesino serial Juan Carlos N, en Ecatepec, el legislador perredista aseguró que se trató de una detención fortuita (pues dos juiciales se les acercaron cuando transportaban una carriola) y no como resultado de una investigación.

Sergio García Sosa del PT, resumió que los mexiquenses “perciben la justicia como lejana, desigual y que se aplica de forma incorrecta”, además, dijo, de que no es clara ni transparente. Señaló que diversos estudios, indican que más del 87% de los ministerios públicos son corruptos.

José Antonio García García del PAN, destacó que el Estado de México, se convirtió en 2017 en el más violento del país, al registrar en números absolutos, la mayor cantidad de homicidios, con dos mil 300 casos, además de ocupar también el primer lugar en secuestro y extorsión.

Refirió que la encuesta que se conoce como ENVIPE del 2017, arrojó que el 61% de mexiquenses modificaron hábitos diarios a causa de la ola de violencia que prevalece en la entidad.

Por su parte el Fiscal General de Justicia, reconoció que su institución no opera con eficacia y dio cifras apretadas sobre lo que considera los principales avances de su gestión, en el primer año de labor del gobernador Alfredo del Mazo.

De entrada, en su primera presentación, reconoció que era incapaz, dijo, “de tapar el sol con un dedo”, ya que se tiene un claro problema dijo, de incidencia delictiva, el cual se está atacando con limitaciones y deficiencias.

Admitió que hay un aumento en los delitos de robo con violencia, robo de vehículos, homicidio doloso, extorsión y delitos contra la salud; además de un problema de violencia de género, en sus aspectos de feminicidios, lesiones, violencia familiar y de violencia de género. En la calle se respira inseguridad; señaló que cuentan con 7 mil 500 servidores públicos y un agente del Ministerio Público por cada mil 700 habitantes, además de que cada agente debe enfrentar una carga de trabajo de casi mil carpetas de investigación.
 

Por: Mary Delgado


 

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