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“Víctimas colaterales” de violencia feminicida, tendrán reconocimiento

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Recibirán estatus de “personas ofendidas”; reforma también va en contra de violencia obstétrica

 

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“Víctimas colaterales” de violencia feminicida, tendrán reconocimiento



Las víctimas colaterales de los delitos de género, como feminicidios y desaparición, entre hijos, madres y esposos o parejas de mujeres violentadas en extremo, podrían ser considerados como “víctimas” también y eventualmente pelear por una reparación del daño.




La medida busca coadyuvar a garantizar la protección institucional especializada a las víctimas colaterales de la violencia feminicida y a asegurar el acceso pronto, expedito, transparente y eficaz a la justicia, y a reconstruir el pleno goce de sus derechos, en donde el Estado debe velar por su bienestar y subsistencia.

Para ello la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, presidenta de la Mesa Directiva del segundo periodo ordinario de sesiones, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En representación del Grupo Parlamentario de Morena, presentó al pleno el documento, que busca reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de ese ordenamiento, a fin, dijo, de que las mujeres mexiquenses cuenten con una legislación acorde a la realidad que viven, y con ello, prevea situaciones de vulnerabilidad que puedan quedar fuera de la observancia de la ley.

La representante del distrito electoral local XXX con cabecera en Naucalpan explicó que en la legislación se establecen las figuras de ‘víctima’ y ‘agresor’, aunque no se considera así a las personas que son afectadas de manera indirecta para la reparación del daño causado, como en el caso de la violencia familiar, en donde los hijos sufren daños psicológicos, o en el caso de violencia extrema y mortal, en que los familiares pierden una madre o una hija.

Por ello, propuso agregar la figura de ‘persona ofendida’ para familiares y personas que tengan relación de dependencia económica con la víctima, término que los ayudará a diferenciar su situación jurídica respecto a la de la propia víctima y que coadyuvará a garantizar la protección institucional especializada; a asegurar el acceso pronto, expedito, transparente y eficaz a la justicia, y a reconstruir el pleno goce de sus derechos, en donde el Estado debe velar por su bienestar y subsistencia.

Al señalar que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 19.1 millones de mujeres han enfrentado violencia de sus esposos o novios y que, de ellas, en 64% de los casos se trata de violencia severa y muy severa, Mariana Uribe explicó que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad no prevé la violencia contra la libertad reproductiva, por lo que propuso adicionar un capítulo para que a las mujeres no se les impida decidir tener hijos o no o el intervalo entre cada nacimiento ni se ejerza sobre ellas presión para tener hijos de cierto sexo.

Al respecto, la legisladora explicó la necesidad de recapitular la violencia obstétrica —que se da de parte de quienes trabajan en instituciones de salud y obstaculizan el acceso a la información sobre métodos anticonceptivos o realizan esterilizaciones forzadas, como una modalidad de violencia en contra de la libertad reproductiva—, con el objetivo de que las personas puedan disfrutar de una vida sexual satisfactoria, segura y responsable, que tengan la capacidad para reproducirse y la libertad de decidir si se reproducen, cuándo y con qué frecuencia.

La iniciativa también plantea reformar el artículo 38 de la ley citada, que faculta al Ejecutivo Estatal para proponer en el Presupuesto de Egresos del estado la asignación de una partida presupuestaria que garantice el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal y el Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de México.

Con esta reforma, añadió la diputada, se garantizará que los recursos no se vean afectados por recortes o suspensiones que pongan en peligro el trabajo legislativo desarrollado y la lucha de las mujeres en la entidad.

Para su análisis y dictamen, la iniciativa se envió a Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia.


 

Por: Staff y Tere Montaño


 

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