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UAEMex podría recurrir a Juicio de Amparo, advierte experto

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Si se aprueban cambios propuestos por el Congreso Local, señala Erick Garay Bravo
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UAEMex podría recurrir a Juicio de Amparo, advierte experto


11 de abril 2019

Erick Garay Bravo, experto en justicia constitucional y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), en la Facultad de Derecho, consideró que la iniciativa presentada por la fracción parlamentaria de Morena para fortalecer el proceso de elección de cargos al interior de la institución, podría violar su autonomía, por lo que no descartó que las autoridades universitarias –de aprobarse esos cambios-, recurran a un juicio de amparo o incluso a una “acción de inconstitucionalidad”.

En entrevista exclusiva, en torno a la controversia que ha surgido a partir de la iniciativa presentada por legisladores de Morena, en la que se plantean, entre otros cambios, abrir a la comunidad universitaria la elección de rector, de los integrantes del consejo universitario y la creación de un Consejo Electoral, el también candidato a Doctor en Derecho y abogado litigante, consideró que la iniciativa, de prosperar, atentaría contra preceptos básicos que garantizan la autonomía de las universidades, para mantenerlas aisladas de los juegos políticos.

El destacado académico, también opina en torno a temas coyunturales, como la llamada Estafa Maestra, en la que se ha visto implicada la UAEMex y presuntos actos de corrupción.

-¿Estima que la iniciativa de reforma presentada por Morena, puede violar la autonomía de la universidad?

La iniciativa de ley presentada por el grupo parlamentario de Morena si tiene contenidos violatorios del artículo 3 fracción VII de la Constitución General de la República, ya que este dispositivo constitucional es la raíz de la autonomía de las universidades en México, la cual debe entenderse desde tres vertientes que son la autonomía académica, la autonomía de gobierno y la autonomía financiera.

Estas vertientes obedecen a una lucha histórica que tenían y tienen como finalidad la independencia de las universidades frente a los intereses políticos, fanatismos o ideologías tendientes a censurar o a limitar de algún modo, el derecho a la educación de los universitarios; en otras palabras, la Autonomía Universitaria nació por una necesidad de lograr que las universidades desarrollen el conocimiento universal de una manera objetiva y libre, sin obedecer a intereses ajenos a la filosofía, a las ciencias y a el arte; por lo que si la iniciativa de ley presentada por el partido Morena, pretende que los cargos directivos y de gobierno de la universidad se vuelvan cargos de elección popular, entonces es evidente que con dicha reforma se pretende politizar a la misma universidad, haciéndola prisionera de la Legislatura, pasando por alto que los cargos directivos y de gobierno universitarios tienen eminentemente un contenido académico y no político; es decir, la universidad es una institución de educación, que tiene como finalidad la independencia en la generación, aportación y divulgación del conocimiento con una prospectiva de mejoramiento social no sólo nacional sino global, y no un ente político que requiera cargos de poder sujetos a la elección popular; de ahí que la elección de los cargos directivos y de gobierno dentro de la universidad sean sujetos a un escrutinio que partirá de la base de la preparación y del conocimiento de los aspirantes, tomando en consideración la opinión de los sectores de la población universitaria, pero priorizando los antecedentes, trayectoria y el proyecto de trabajo de dichos aspirantes.

En ese orden, la iniciativa de ley en comentó si tiene un contenido violatorio de la autonomía universitaria porque con ella se pretende tener una injerencia total en los destinos de la universidad, corriendo un grave peligro la dirección y finalidad de la libertad del conocimiento universitario y de su creación y divulgación no sólo para el país sino para el planeta, pues de aprobarse dicho proyecto, los destinos de la universidad estarían a merced de la voluntad del poder legislativo.

-¿Qué opinión tiene usted con relación a los hechos de corrupción señalados por la bancada del partido Morena en contra de la Universidad Autónoma del Estado de México, ya que estos han sido el motivo por el cual se propuso esa iniciativa de ley?

Es evidente que todos tenemos el derecho y la libertad de expresión y de opinión, por lo que desde mi perspectiva se deben respetar a las instituciones encargadas de realizar las investigaciones sobre los presuntos hechos de corrupción y en su caso sancionar si es que hay responsables de esos hechos; no obstante en la especie, los diversos señalamientos que se han hecho, han quedado solo en eso, en señalamientos con contenido político, sin que a la presente fecha exista un procedimiento previo que haya demostrado a través de las instituciones del Estado que se cometieron los referidos actos de corrupción y que en consecuencia, deba aplicarse una sanción administrativa o penal en contra de presuntos responsables de esos hechos; por lo tanto no es congruente realizar señalamientos sobre corrupción sin pruebas, pasando por alto la competencia de las diversas instituciones encargadas de realizar esas investigaciones y de sancionar a los responsables, porque no podemos olvidar que vivimos en un país de instituciones con competencias preestablecidas, sin que a la fecha exista una sanción o pena impuesta por esos presuntos hechos de corrupción, por lo que si partimos de esa base, es notorio que el entramado de acusaciones es meramente político y nada tiene que ver con la realidad de las cosas.

-¿Existen acciones legales que la Universidad Autónoma del Estado de México puede interponer en contra de la iniciativa de reforma propuesta por la bancada del partido Morena?

Si las hay, estas requieren un estudio profundo, entre ellas, se puede destacar a los medios de control dela constitucionalidad como son el juicio de amparo qué podría accionarse por miembros de la comunidad Universitaria, o bien, por la propia universidad como ente garante de la educación, también la acción de inconstitucionalidad qué debe promoverse por órganos autónomos o minorías parlamentarias, además de que puede existir la controversia constitucional por actos invasivos de las esferas de competencia; no obstante, no debe pasarse por alto que estamos frente a un caso sui generis en el que el fenómeno a estudio es una iniciativa de ley, no una ley propiamente dicha que tenga la categoría de vigente; por lo que se requiere un estudio meticuloso del caso en particular para poder entablar las acciones legales respectivas, porque como lo dije con anterioridad, dicha iniciativa de ley si tiene un contenido eminentemente inconstitucional.

¿Qué tiene que decir con motivo de la llamada Estafa Maestra de la que surgieron señalamientos de corrupción en contra de la Universidad Autónoma del Estado de México?

-Cómo lo mencioné hace un momento, debe respetarse el derecho a la expresión y al derecho a la emisión de opiniones, ya que éstos constituyen derechos humanos previstos en la Constitución General de la República, sin embargo, también debe considerarse el alcance legal de estas expresiones y de estas opiniones, ya que solo las instituciones del estado que tienen una función jurisdiccional y sancionadora son las que pueden imponer sanciones y penas previo debido proceso y previa garantía de audiencia, en las que se demuestren los presuntos hechos de corrupción; por lo que la serie de acusaciones surgidas con motivo del trabajo periodístico denominado Estafa Maestra, no obedece a una función jurisdiccional estatal, y por lo tanto, respetando el trabajo periodístico y respetando todas las opiniones que puedan emitirse al respecto, lo único cierto es que a la fecha no hay sanciones de naturaleza alguna impuestas por esas acusaciones, de tal manera que no sería responsable ni jurídico darles el alcance que pueda tener un debido proceso y una sanción que sea su consecuencia; de otro modo, nos encontraríamos en un estado de cosas en el que las opiniones públicas de agentes no jurisdiccionales, tuvieran el alcance de una condena, lo que pondría en total riesgo al Estado de derecho; por lo que es una necesidad de este siglo, el que la información que se divulgue sea responsable y vaya de la mano también de una función jurisdiccional responsable, imparcial, objetiva, eficiente y transparente, de tal manera, que brinde confianza a la sociedad a la que se debe, de que sus fallos obedecerán exclusivamente a los hechos, a las pruebas, a la Constitución y a la ley

¿Algo más que quiera manifestar?

Comunicar a la comunidad Universitaria, que estemos atentos al proceso legislativo, ya que también se ha presentado una propuesta Universitaria, qué fue producto de mucho tiempo de trabajo de todos los sectores de la comunidad, quienes expusieron su sentir, sus ideales y las soluciones a los problemas que aquejan a la universidad y por consecuencia, que aquejan al país, y en ese sentido estimó que lo más congruente, es fijar total atención en el proceso legislativo para que este sea estrictamente apegado a la Constitución y a las leyes que lo rigen, velando porque las leyes que sean aprobadas se ajusten a los principios y postulados de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos qué representa al ser de nuestro estado, a nuestros ideales, a nuestras luchas sociales y que ha marcado la historia y el futuro de nuestras instituciones en México.

Mary Delgado

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